La posibilidad de que los jueces puedan decidir no aplicar una norma constitucional porque contraviene tratados internacionales, pone en juego el papel de los juzgadores y, en caso extremo, pone en riesgo la certidumbre jurídica en México, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En su conferencia en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, el ministro recordó que a raíz de la Reforma de Derechos Humanos en México, todos los jueces en el país pueden decidir si una norma contraviene tratados internacionales o los de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Afirmó que este nuevo paradigma modifica el papel que desempeña el juzgador porque ya no es solo un aplicador de la ley, sino que tiene la posibilidad de hacer a un lado una ley porque no se compadece con una norma internacional que reconoce un derecho.
“Cuando un juez in aplica una norma a la que está obligado, ¿cómo va a resolver? ¿Con base en qué norma? Es un ejercicio que debe hacerse con toda responsabilidad y que también, en un caso extremo, nos puede conducir a un sistema caótico”, aseguró el jurista.
Añadió que: “si cada juez va a determinar qué artículos de sus códigos civiles o penales va a aplicar y cuáles no, porque estima que son inconvencionales, lo que vamos a tener es una incertidumbre jurídica”.
Este principio difuso de constitucionalidad debe ejercerse “con gran mesura, y gran prudencia”, y obliga a los jueces a analizar cuál de las normas es la que ofrece mayor protección a la sociedad y no solo a una persona en particular”.
Al presentar al ministro, el Rector General de la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla dijo que el nuevo control difuso de constitucionalidad en México, conformado a partir de la reforma Constitucional en Derechos Humanos aprobada en 2011, instaló en el centro de las acciones del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste.
Por ello, esta reforma impacta el desempeño de las autoridades del país, en función de que la totalidad de los órganos jurisdiccionales están facultados para tutelar los derechos humanos, aunque con alcances más limitados.
Al término de la conferencia Bravo Padilla dio un reconocimiento al ministro Pardo Rebolledo, a nombre de esta Casa de Estudio.
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