Presentarán su examen de certificación de calidad el 1 de septiembre
El Rector General de la Universidad de Guadalajara, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, entregó reconocimientos a los 114 profesores de esta Casa de Estudio que concluyeron el curso preparatorio para certificarse en alguna de las áreas del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
Los académicos, provenientes de trece centros universitarios metropolitanos y regionales, cursaron el diplomado en el Sistema de Justicia Penal con Orientación en Defensoría para especializarse como jueces, ministerios públicos y defensores, en derechos humanos; mediadores, conciliadores y peritos en esta nueva modalidad jurídica.
Del total de profesores, 62 se capacitaron en todas las áreas, 26 como mediadores, 17 en derechos humanos, cuatro de ellos como peritos, uno en sistema penitenciario y otro más como asesor jurídico de la víctima.
Los universitarios podrán realizar el examen de certificación de calidad que otorga el secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco (SETEC), que será realizado el próximo 1 de septiembre y tendrá como sede el auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Bravo Padilla afirmó que la UdeG está comprometida en cumplir en tiempo y forma con la preparación de los especialistas “y ser soporte para la implementación de este nuevo sistema de justicia en México y en especial en la región Occidente, donde la SETEC ha solicitado el apoyo”.
Anunció que la UdeG fue favorecida con la licitación para implementar un programa de capacitación “muy ambicioso”, que implicará a casi tres mil funcionarios y servidores públicos del estado. En febrero pasado, la SETEC entregó constancias de “docente certificado por examen” a 34 profesores y diez funcionarios miembros de la primera generación de este diplomado.
A nombre de los egresados, la maestra Teresa Rodríguez Velázquez dijo que como docentes están obligados a contribuir en la profesionalización del nuevo sistema penal y a fortalecer a las instituciones de impartición de justicia.
